Por un pacto de país: primeras medidas urgentes contra las violencias machistas

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El pasado 7 de noviembre cientos de miles de mujeres y hombres salimos a la calle en contra de las violencias machistas. Ese día se demostró, una vez más, que la ciudadanía va por delante y está exigiendo a las instituciones estar a la altura de la gravedad de este problema. Acabar con la violencia contra las mujeres exige un gran Pacto de País. Un pacto en el que se involucren todas las fuerzas políticas, así como la sociedad civil, incluyendo a las personas expertas, las asociaciones de mujeres y los medios de comunicación, entre otros actores sociales. Un pacto que debe sobrevivir a los cambios de color de los gobiernos.

El machismo es un problema social que está en la raíz de esta forma de violencia y será la sociedad quien lo supere. Para ello es fundamental que apostemos por una educación que ponga la igualdad en el centro. Una educación que no sólo se circunscriba al ámbito de la escuela, sino que incluya la formación en igualdad de todos los sectores profesionales.

Los partidos políticos somos un actor más dentro de lo que debe ser un gran acuerdo social y ciudadano, pero tenemos una gran responsabilidad y debemos saber llegar a acuerdos. Por ello convocamos a este Pacto de País donde el primer paso que proponemos es adoptar las siguientes cuatro medidas de urgencia:

Primera: Blindar los presupuestos y evaluar el impacto de nuestras leyes

Es imprescindible que los partidos políticos lleguemos a un acuerdo para blindar en los Presupuestos Generales del Estado una dotación mínima garantizada que asegure que tendremos herramientas y medios para hacer frente a la lacra de la violencia machista. Es preciso asegurar una partida presupuestaria específica irrenunciable,, a respetar durante toda la próxima legislatura, y que ese presupuesto base no sea inferior a las cantidades anteriores a la reforma del artículo 135 de la Constitución.

Además, para asegurar el uso eficaz de nuestros recursos económicos es necesario llevar a cabo una evaluación de impacto de nuestras leyes de violencia de género, de nuestros planes y programas, una evaluación que cuente con la sociedad civil y las y los expertos implicados.

Segundo: Mantener las competencias de los ayuntamientos

Es prioritario recuperar las competencias de los ayuntamientos y garantizar el mantenimiento de los servicios activos ante la entrada en vigor, el próximo 31 de diciembre de 2015, de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, reforma que priva a las entidades locales de sus atribuciones en una materia en la que es vital la cercanía a las víctimas. En estos momentos hay una gran inseguridad jurídica. Si a esa fecha no se ha garantizado la prestación de todos los servicios por parte de las comunidades autónomas, corremos un grave riesgo de desprotección.

Tercero: Ofrecer garantía habitacional para las víctimas

Es necesario garantizar una alternativa habitacional inmediata y no supeditada a la orden de protección judicial para las mujeres que están sufriendo violencia machista. El acceso a la vivienda debe estar habilitado, al igual que otras ayudas, por las certificaciones de profesionales competentes para ello. Ofrecer a las víctimas una solución habitacional es una medida que da facilidades a las mujeres para independizarse de sus parejas, para poner fin a la relación de violencia y para denunciar a sus maltratadores.

Cuarto: Cumplir con los convenios internacionales

Es urgente que cumplamos con los convenios y acuerdos que hemos contraído en el ámbito europeo, en particular con el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2011 y que entró en vigor en agosto de 2014. Para cumplir nuestros compromisos internacionales, además de incluir la protección de los menores, es preciso que no sigamos restringiendo el concepto de violencia de género al ámbito de la pareja y la expareja, sino que ampliemos nuestras le- gislaciones para recoger todas las formas de violencia contra las mujeres.

Esperamos contar, en un momento en que nuestro país lo exige, con la participación de los partidos políticos para ser capaces de cumplir con nuestra responsabilidad y estar a la altura de lo que la ciudadanía legítimamente demanda.

Atentamente,

Pablo Iglesias. Secretario General de Podemos y candidato a la presidencia

Victoria Rosell. Magistrada en excedencia y candidata de Podemos por Las Palmas

Clara Serra. Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y responsable estatal del área de Igualdad